Jorge Carrillo Olea

Las inevitables migraciones

La historia de las migraciones es la historia de la humanidad. Negarlas, ignorarlas o simplemente proscribirlas es ir en contra de la conducta milenaria del hombre. Con esta contundente verdad se han estrellado históricamente todos los esfuerzos para detener lo que la propia vida del hombre ha puesto en movimiento.

El crecimiento demográfico, el agotamiento de recursos, la expansión de las comunicaciones y sus medios, el desarrollo desequilibrado de los pueblos y hasta los cambios climáticos son factores que impulsan los movimientos demográficos legítimamente en busca de mejores condiciones de vida.

En Africa, del Magreb se brinca a España y a Francia y del Africa negra las migraciones van hacia las Canarias, de ahí a Portugal o España. Desde Líbano, Siria, Irak, Irán, India, Pakistán, etcétera, se pasa a Grecia; de los Balcanes también a Italia y de ahí como trampolín para trasmigrar a la Europa más próspera: Alemania, Francia, Gran Bretaña. De los antiguos países allende la cortina de hierro y de Turquía los movimientos hacia Europa Occidental son masivos. Desde América, los principales países expulsores hacia Europa son Ecuador y Argentina. Los ecuatorianos forman ya el mayor número de inmigrantes en España.

El número de inmigrantes ilegales llegados a la Unión Europea en 2000 fue de 800 mil, 100 mil más que en el año anterior y se estima un total de residentes ilegales de 3 millones, todo esto considerando que allá es un fenómeno relativamente nuevo.

En nuestra área de interés, América del Norte y Centroamérica, las cosas no son diferentes, pero lo que más nos interesa en particular es nuestro país, que parece adentrarse en una pinza de violación de derechos humanos, entre lo que padecen nuestros connacionales en el norte y lo que se anuncia que haremos padecer a los "guatemaltecos" en nuestra frontera sur.

La frontera norte se fortifica como se ha anunciado con una inversión para 2003 de 11 mil millones de dólares en el desarrollo de infraestructura física en los 25 puntos de entrada, modernización tecnológica y aplicación de modernos métodos de detección e intercepción de ilegales.

Nuestro gobierno, en absoluta y evidente desventaja, casi gozosamente ha anunciado que colaborará en ello, como el procurador Macedo anunciara en Monterrey en agosto pasado: "a petición de autoridades estadunidenses se están reforzando los mecanismos de seguridad en la frontera para impedir actos terroristas en el país vecino".

Debe preocuparnos profundamente la creciente violación a los derechos de nuestros paisanos que intentan emigrar y que en semanas recientes ha arrojado saldos lastimosos de decenas de muertos. Pero, simultáneamente, también habría que reconocer que las migraciones han demostrado históricamente que son imposibles de contener.

Como lo ha afirmado Amnistía Internacional, la lucha antiterrorista conlleva una pesada factura de muertes y violaciones, hecho al que nuestro país debe ofrecer una solución. La dimensión del problema se aprecia si se conoce que en los años 90 emigraban anualmente a Estados Unidos 500 mil mexicanos, ya fuera legal o ilegalmente, según estimaciones hechas por ese país.

Una fórmula para mitigar la tragedia sería que Estados Unidos aceptara elevar las tasas para inmigrantes legales, así como la aplicación de programas de empleo temporal con la debida protección de los derechos sociales. Simultáneamente, deberían hacer público un programa para combatir el crimen en su forma de tráfico de personas con metas que fueran mensurables en sus resultados para los dos países. Estas ideas, naturalmente, encontrarían resistencias en aquel gobierno, como ya advirtió Powell.

La parte mexicana, si poco o nada puede influir en reducir las corrientes migratorias, sí puede y debe establecer toda una política de Estado, destinada a someter a la ley a las numerosas bandas de traficantes de personas de toda nacionalidad. Ello necesariamente pasaría por revisar la ley de la materia y toda disposición reglamentaria y administrativa obstruyente. El auxilio de una institución independiente como la Convención Contra el Crimen Organizado Internacional de Naciones Unidas, sería de extraordinario valor. Ante la tragedia, no podemos limitarnos al papel de reclamantes pasivos.

Se ha informado que la frontera sur será objeto, según la ignorancia del canciller, de un más celoso control con base en el uso de "rayos gamma" para detectar emigrantes guatemaltecos viajando en camiones contenedores. Los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, ecuatorianos y hasta asiáticos, que son también los usuales viajeros hacia el norte, están exceptuados de los rayos "gamma". El objeto de nuestra represión debe ser someter a los criminales, no a los desdichados que buscan otros horizontes.

Poca información ha surgido sobre la igualmente inaceptable situación de los inmigrantes ilegales en esa frontera, de la que nosotros y nadie más somos responsables. Conocedores del tema han denunciado que son comunes las detenciones arbitrarias, los abusos y la tortura, así como la explotación de los trabajadores ilegales en el campo y en la prestación de servicios, particularmente en Chiapas. Operan en el área bandas de criminales que están eslabonadas con otras en el interior de Centroamérica y hacia el norte tienen cómplices dentro de Estados Unidos, por eso un esfuerzo conjunto, multinacional, es imprescindible.

Cada día es más evidente que México tiene también, para legitimar sus aspiraciones respecto de Estados Unidos, que rediseñar su política migratoria y sus estructuras que hoy tienen bases sumamente endebles y anacrónicas.