Las cuentas del amotinado contra la república

JOAN E. GARCES *

Desafía la lógica elemental que quien se apropiara de la vida, libertad y hacienda de decenas de miles de ciudadanos, aniquilándolas, pudiera haberse abstenido de hacer lo propio respecto de bienes de propiedad pública.

FOTOS ARCHIVO LA JORNADA

Augusto Pinochet y el presidente Salvador Allende, el 23 de agosto de 1973, en el palacio de La Moneda

ENTRE SEPTIEMBRE DE 1970 y septiembre de 1973 la república de Chile fue blanco de un sofisticado plan de desestabilización socioeconómica y política por parte de la administración Nixon-Kissinger. En Estados Unidos el Congreso lo deploró de inmediato,1 también el Ejecutivo a partir de 1998.2 En Chile sus ejecutores3 siguen tratando de ocultar la intervención para responsabilizar de sus trágicos efectos a las víctimas.

La crisis así impuesta a Chile tenía solución política, y el presidente Allende se esforzaba en lograrla. El 11 de septiembre de 1973 era la fecha señalada para convocar a los ciudadanos a decidir en referéndum su destino colectivo. Horas antes, Augusto Pinochet, en conocimiento de la inminente convocatoria, amotinó a las tropas contra las instituciones de la república.

Fue un hecho sin precedentes en la memoria de los chilenos. En la crisis nacional de 1889 el Congreso destituyó al presidente de la república y la marina se puso a disposición de la autoridad de éste en tanto que institución en la que residía la representación de la soberanía popular. El ejército entendió, en cambio, que era el presidente de la república, Balmaceda, quien la representaba y se mantuvo bajo su mando.

En 1973, por el contrario, Pinochet ordenó primero disparar armas de guerra contra el presidente de la república, detener y torturar a todos los ministros del gobierno, así como a gran parte de los parlamentarios, y cerró el Congreso. Tras destruir así el Estado republicano y la forma representativa de gobierno, se proclamó dictador. El 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda moría el jefe del Estado y con él también el ejército republicano de Chile. Pinochet lo reconvirtió en una organización armada, jerarquizada, disciplinada y obediente a los propios amotinados.

Pinochet arrebató a los ciudadanos la soberanía popular en que se había sustentado la república desde sus orígenes en la segunda década del siglo XIX, suprimió las libertades civiles, quemó el Registro Electoral, confiscó las imprentas y edificios del diario Clarín y otros medios de comunicación, sometió el país a un régimen de terror. Desde la madrugada del 11 de septiembre de 1973 impuso castigos ejemplarizantes destinados a los oficiales y soldados leales a la república. Empezó por detener a su propio ayudante personal, el mayor Zavala; ordenó la "desaparición forzada" de oficiales como el coronel del regimiento de los Andes; a otros los sometió a tormento como al coronel del regimiento de Talca y al teniente coronel del de Calama o los obligó a mancharse con sangre de ciudadanos indefensos como a los mandos de los regimientos de Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Linares, Valdivia y de todas y cada una de las unidades militares; a los restantes oficiales republicanos los apartó del servicio activo. A unos y otros les hizo sentir la vigilancia de la Dina, una síntesis de la SS y la Gestapo, bajo el mando directo y personal de Pinochet, que en 1974 asesinó al general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército de Chile hasta el 24 de agosto de 1973.

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Cuando el 5 de julio de 1996 la Fundación Presidente Allende (España) interpuso una querella por genocidio, terrorismo y torturas contra Pinochet, solicitó su detención y el embargo cautelar de bienes para satisfacer la responsabilidad civil ante sus víctimas.4 La fundación entendía que someterlo a juicio era una exigencia de la justicia y, al tiempo, una medida necesaria (aunque no suficiente) para que Chile pudiera volver a tener un ejército republicano, de ciudadanos en armas subordinados a las instituciones representativas de la soberanía popular.

Tras dos años de acumulación de pruebas de cargo, las peticiones de la Fundación Presidente Allende las acogió el tribunal español el 16 y 19 de octubre de 1998 (detención de Pinochet en Londres para efectos de extradición y embargo de sus bienes, respectivamente). El auto de su procesamiento del 10 de diciembre de 1998 enumera el prontuario de sus crímenes de lesa humanidad.5

Desde entonces siguen vigentes los mandamientos internacionales de embargo y detención para conducirle ante el tribunal europeo. Con indiferencia al hecho de que, después que el 8 de octubre de 1999 un tribunal británico acordara que Pinochet podía ser juzgado en España,6 los valedores de su impunidad urdieron la estratagema de declararlo "demente" en febrero de 2000, incapaz de comparecer en juicio. Ninguno de los magistrados europeos competentes lo aceptó: los británicos no fueron consultados, los de España, Francia o Bélgica lo rechazaron, tras examinar catorce eminentes médicos forenses los análisis clínicos practicados en Londres; también lo rechazó un número cada vez mayor de magistrados chilenos. Significativo es, asimismo, que ninguno de sus banqueros haya compartido que Pinochet se encontrara disminuido en sus facultades mentales.

Pinochet ocultó sus bienes para frustrar la orden judicial de embargo y el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos desveló, el 15 de julio de 2004, las maniobras de que se había valido.7 Cuatro días después, la Fundación Presidente Allende ejercitaba contra aquel, su cónyuge y demás cómplices sendas acciones penales y civiles por los delitos conexos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, pues defraudan el derecho a una indemnización que la ley y los tribunales españoles confieren a las víctimas de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.8

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Desafía la lógica elemental que quien se apropiara de la vida, libertad y hacienda de decenas de miles de ciudadanos, aniquilándolas, pudiera haberse abstenido de hacer lo propio respecto de bienes de propiedad pública.

La Fundación Presidente Allende es parte acusadora en el proceso por alzamiento de bienes que contra Pinochet se sigue en los tribunales de Chile, a los que está aportando documentos en prueba de que Pinochet está en condiciones mentales de comparecer en juicio. Reproducimos aquí algunos de ellos, entregados directamente por el Riggs Bank Corporation de Washington a la fundación, en cumplimiento de la transacción aprobada por el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional de España el 25 de febrero de 2005.9

Así, puede verse en el documento anexo número 1 cómo el 9 de octubre de 2001 Pinochet instruía de su puño y letra a los banqueros que retiraran de una de sus empresas ficticias Ashburton "$500,000 US and send me 10 checks in the amount of $50,000 US each, payable to: L. Hiriart A.P. Ugarte", es decir, a sí mismo y a su cónyuge Lucía. Nadie puso en duda que la orden provenía de una persona en el pleno goce de sus facultades mentales, y fue consiguientemente ejecutada.

En el documento número 2, de 1 de abril de 2002, escribe a mano: "que me manden de mi cuenta 78635282 $500,000.00 US en cashier's check 10 cheques de US $50,000.00".

El 11 de julio de 2002 revoca el fideicomiso de Ashburton de 16 de mayo de 1996 y ordena traspasar el saldo ($5.047.619 US) a una cuenta del Banco de Chile, sucursal Nueva York, de otra de sus sociedades ficticias, Belview International SA (documento número 3).

La instrucción manuscrita de 11 de julio de 2002 al Riggs Bank N.A. ordena cerrar la cuenta corriente número 76835282 y remitir su saldo a la cuenta de Belview International SA número 011001328 (documento número 4).

Otra orden manuscrita, también de 11 de julio 2002, revoca el fideicomiso de la empresa ficticia Althorp Investments Co., establecido el 8 de abril de 1998, y dispone traspasar sus fondos ($956.788 US) a la misma cuenta anterior (documento número 5).

La cordura (delictiva) de las instrucciones de 2001-2002 se ve reforzada, si cabe, por su congruencia con las dadas en noviembre y agosto de 1999 a su banco de Londres (documentos números 6 y 7), el 8 abril de 1998 al de Bahamas (documento 8), el 30 abril de 1996 al de Washington (documento 9), y con otras muchas operaciones similares para ocultar y blanquear capitales cuyo soporte documental ha aportado la Fundación Presidente Allende a los tribunales chilenos.

El general golpista se niega a responder a una reportera en Santiago de Chile

1 Ver el Informe de la comisión presidida por el senador Church: "Covert Action in Chile, 1963-1973", en http://foia.state.gov/Reports/ChurchReport.asp

2 Ver el Hinchey Report "CIA activities in Chile", de 18.09.2000, en
http://foia.state.gov/Reports/HincheyReport.asp).

3 Su identidad está descrita en los documentos desclasificados del Gobierno de EE.UU. en http://foia.state.gov/SearchColls/Search.asp

4El texto íntegro está disponible en http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796.pdf y http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796_en.pdf

5 La versión en español se encuentra en http://www.elclarin.cl/pdf/p_10El texto íntegro está disponible en http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796.pdf y http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796_en.pdf

6 La versión en español se encuentra en http://www.elclarin.cl/pdf/p_101298.pdf, la inglesa en http://www.elclarin.cl/pdf/p_101298_en.pdf

7 El Informe del Senado de EE.UU. está reproducido en http://www.elclarin.cl/pdf/p_150704_en.pdf

8 El texto original se encuentra en http://www.elclarin.cl/pdf/p_190704.pdf, y en http://www.elclarin.cl/pdf/p_060904_en.pdf

9 El texto original se encuentra en http://www. elclarin.cl/pdf/p_250205.pdf y en http://www. elclarin.cl/pdf/p_250205_en.pdf

^* En el gobierno de la Unidad Popular; profesor de relaciones internacionales y abogado español en materia de derechos humanos.

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