Jueves 2 de abril de 2026, p. 21
Ramallah. Palestinos en toda Cisjordania reocupada cumplieron ayer una huelga general para protestar contra la ley israelí que prevé la ejecución de prisioneros palestinos condenados por ataques mortales hacia sus ciudadanos, al tiempo que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios ocupados, Francesca Albanese, calificó la nueva norma de “vergüenza”.
En la protesta participaron tiendas, instituciones públicas, así como universidades palestinas en Hebrón, Ramallah y Nablus.
En la segunda, al norte de Jerusalén, cerca de 150 personas se manifestaron contra la ley impulsada por el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.
“Es una ley descabellada, una locura… está completamente alejada de la humanidad y es totalmente racista”, advirtió Mohamed Gusein, estudiante de la Universidad de Al Quds.
Los manifestantes quemaron neumáticos en el puesto de control de Qalandia, uno de los puntos de entrada más concurridos de Cisjordania reocupada a Israel.
La huelga fue convocada por Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en reclamo por la legislación, que señaló como una “escalada peligrosa” contra los palestinos.
“Esta ley penal no doblegará la voluntad de nuestro pueblo ni la determinación de nuestros presos, sino que reforzará nuestra resolución para continuar la lucha por su libertad y sus derechos legítimos”, indicó Abbas en un comunicado.
Por su parte, Albanese, al criticar la medida israelí, afirmó que la “vergüenza del siglo” continúa, y explicó que el gobierno del primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, no sólo tortura a los palestinos, sino que “el Israel del apartheid reclama el derecho a ahorcarlos”.
La relatora sugirió que Ben Gvir “debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional por impulsar y celebrar la medida”.
La ONU condenó enérgicamente la aprobación de la ley y advirtió que es “incompatible con el derecho internacional”.
Subrayó que “dichas medidas, junto con la denegación del indulto, vulneran las garantías de un juicio justo y pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y aseguró que “perpetúa la discriminación racial y el apartheid”.
La nueva ley para prisioneros palestinos aprobada por el parlamento israelí (Knesset) establece que los detenidos en Cisjordania reocupada se expondrán a la pena de muerte como sentencia predeterminada si ya fueron condenados por llevar a cabo ataques mortales, clasificados de “terrorismo” por tribunales militares israelíes.
Con esta legislación, la vía judicial es más severa debido a que los palestinos en el territorio reocupado son juzgados automáticamente por dichas instancias.
En este contexto, el Club de Prisioneros Palestinos denunció que al menos 89 compatriotas que estaban murieron en cárceles israelíes desde que empezaron los ataques contra la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023.
La organización no gubernamental detalló que perdieron la vida como resultado de “crímenes de tortura, inanición, negligencia médica y agresiones sistemáticas, además de una serie de violaciones, que incluyen privación del sueño, abuso y detención en condiciones inhumanas”.











