La Cámara de Diputados modificó aspectos de la convocatoria para elegir a tres consejeros electorales, y para acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación del 27 de marzo permitió la participación de personas con doble nacionalidad o que compitieron en la elección judicial y amplió el proceso para permitir el registro de personas “en situación de vulnerabilidad”.

El acuerdo, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria y resuelve las quejas interpuestas por aspirantes que impugnaron su eventual exclusión, deja sin efecto el requisito correspondiente a “ser ciudadana o ciudadano mexicano que no adquiera otra nacionalidad”.

Además, se definió que la interpretación del requisito consistente en “no haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a un cargo de elección popular “no resulta aplicable a las personas que hayan participado como candidatas o candidatos en procesos de elección de personas juzgadoras”.

En el acuerdo de la Junta de Coordinación Política también se prevé que podrán participar las personas “pertenecientes a un grupo en situaciones de vulnerabilidad”, pues la convocatoria original prevé que el comité técnico de evaluación presentará tres listas de cinco candidatos, y de éstas al menos una integrada por mujeres y una por hombres.

La junta determinó un plazo de 48 horas, a partir del 31 de marzo, para que los aspirantes que presentaron los juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral se presenten de manera física a la Cámara de Diputados a realizar su registro.

Precisó que si bien se acatan los fallos del TEPJF, “el cumplimiento de los términos ordenados por las sentencias de la autoridad jurisdiccional se realizará en la medida que sea posible, y no ponga en peligro las etapas del proceso de selección, o incluso su cumplimiento se torne materialmente imposible”.

Esto, debido a que la elección de consejeros electorales es un proceso de evaluación que permitirá identificar los perfiles idóneos para ocupar el cargo, por lo que se deben privilegiar para integrar las quintetas a las personas mejor evaluadas en conocimientos e idoneidad para ocupar el cargo.

Por ello, “el cumplimiento a las sentencias dependerá de las circunstancias fácticas del proceso, porque no se puede obligar a las y los aspirantes a autoadscribirse a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad”.