Un grupo de expertas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) demandó ayer una “investigación transparente” sobre las acusaciones de tráfico sistemático de mujeres para explotación sexual cometido por Jeffrey Epstein, tras la difusión por parte del Departamento de Justicia estadunidense de los archivos vinculados al caso del depredador.

“Debemos pasar de lo mediático a una acción efectiva, rendición de cuentas y medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, reparaciones centradas en las supervivientes, garantías de no repetición y verdad, reconociendo el trauma extremo y la violencia sufridos, y la naturaleza sistémica y generalizada de las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron”, exigieron las especialistas, informó la ONU en su página web.

Las acusaciones, que implican a políticos de alto nivel, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales y académicos, ponen en evidencia el “fracaso devastador de la prevención”, así como “en identificar, asistir y proteger a las víctimas”.

El hecho de que el tráfico sexual generalizado de mujeres y menores “persista a escala global” demuestra “la arraigada discriminación y violencia de los sistemas patriarcales de poder”, así como “los graves fallos de rendición de cuentas”, aseveraron.

Se perpetúa cultura de la impunidad

Las expertas también advirtieron sobre la “mercantilización y brutalización de los cuerpos de mujeres jóvenes y niñas” expuestas en los medios, así como de “la publicación de imágenes sin rostro de menores en situaciones abyectas y vulnerables.

“La imposibilidad de garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de la impunidad que perjudica desproporcionadamente a las mujeres y niñas, y socava la promesa de igual protección bajo el derecho internacional”, señalaron.

En este contexto, recordaron a las naciones que tienen la obligación, en virtud de las leyes internacionales, de “prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual” y de “identificar, asistir y proteger a las víctimas” .

La solicitud fue suscrita por la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Siobhán Mullally, y las cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas.