La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto del 22 de marzo de 2022 que declaró al lago de Texcoco como área de protección de recursos naturales, al negar dos amparos promovidos por los ejidos de Santa Isabel Ixtapan y Nexquipayac del municipio de Atenco. El tribunal concluyó que el gobierno federal no vulnera su derecho de audiencia ni su derecho de propiedad social.

El fallo fue celebrado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), encabezado por Ignacio del Valle, cuyos integrantes acudieron a la sesión en respaldo al decreto emitido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a la negativa del amparo a ejidos que, señalaron, aceptaron el pago de indemnización por sus tierras del gobierno de Vicente Fox Quesada para el fallido aeropuerto de Texcoco.

Del Valle destacó que la resolución abre la puerta no sólo a la recuperación ambiental, sino también a la reconciliación social en Atenco, tras la división provocada por la venta de tierras.

Por unanimidad en distintas votaciones, el pleno aprobó ayer con cambios los proyectos de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que validaron el decreto que protege más de 14 mil hectáreas. El área abarca territorio de los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, incluidas tierras ejidales que promovieron los amparos en abril y mayo de 2022.

El ponente señaló que el ejido fue notificado del proyecto de decreto y del estudio justificativo, además de haber tenido oportunidad de presentar pruebas y alegatos, incluso mediante una asamblea general. Añadió que hubo reuniones informativas con sus representantes, en las que se atendieron dudas y se aclaró que podían continuar con actividades agrícolas de forma sustentable.

“A mí me parece que la decisión que se tomó de establecer un área natural protegida en diálogo con las comunidades fue la mejor decisión y marca precedente importante en el país. Celebro que el Ejecutivo haya hecho esto; felicito al Ejecutivo”, aseveró.

Precedentes

Sin embargo, el proyecto de Hugo Aguilar Ortiz fue ajustado por la mayoría para alinearlo con precedentes de la Corte sobre el caso de la reserva de Yum Balam, los cuales señalan que los decretos de áreas naturales protegidas (ANP) no requieren audiencia previa, al ser una facultad del Ejecutivo imponer modalidades necesarias para conservar el equilibrio ecológico y los recursos naturales.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la audiencia puede darse después del decreto, conforme al artículo 27, y criticó el proyecto al indicar que “sostiene la postura opuesta en cuanto a que los ejidos deben ser escuchados previo a la emisión de los decretos”.

El asunto se discutió con integrantes del FPDT presentes en el salón del pleno, quienes al inicio de la sesión se pusieron de pie y, en silencio, alzaron el puño izquierdo, gesto que marcó el arranque del debate. Tras el debate, los ejidatarios afirmaron ante la prensa que la Corte privilegió el derecho al medio ambiente, al agua y al territorio.

Del Valle expresó que la lucha del frente ha sido en defensa del territorio y el bienestar común, no por intereses económicos. Agregó que el proyecto del aeropuerto rompió la armonía de las localidades, entre quienes sí vendieron sus tierras y quienes no. Llamó a quienes se oponen a la reserva a dialogar y trabajar juntos por el bien de las comunidades, con el compromiso de mantener la defensa del territorio. “Los convocamos a que nos juntemos, a que juntos transformemos lo que ha sido en daño de nuestras comunidades”, urgió.

El abogado del frente, Sandino Rivero, afirmó que el fallo se logró gracias a la lucha del FPDT desde 2001 contra el decreto de Fox Quesada.

Jesús Adán Espinoza destacó que el ANP de Texcoco beneficia a millones de personas del valle de México como pulmón y fuente de agua, y criticó la expropiación de hasta 15 mil hectáreas “a 7 pesos con 20 centavos el metro cuadrado”, al considerarla un despojo.