as comisiones del Senado encargadas de dictaminar la iniciativa de reforma constitucional por la que se establece la semana laboral de 40 horas votaron ayer por unanimidad que la propuesta pase al pleno, donde se espera que sea aprobada hoy. Con las modificaciones planteadas al artículo 23 se logrará que, tras 109 años de vigencia de la Carta Magna de 1917, la semana de los trabajadores pase de 48 a 40 horas semanales, las cuales se reducirán de manera gradual a partir de este año y hasta 2030.
En una plática previa con los legisladores, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, resaltó que se trata de un gran logro para la clase trabajadora, enfocado en maximizar sus beneficios sociales. Como señaló el funcionario, “disminuir la jornada devuelve tiempo a las personas trabajadoras, permitiéndoles un mejor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, además de efectos positivos en la salud, el bienestar y la productividad”, lo cual se ha comprobado en otros países que ya disponen de jornadas reducidas.
Además de las ventajas referidas, cabe destacar que la reforma se inscribe en la constante revalorización del trabajo impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación: al disminuir las horas laborables al mismo tiempo que se establecen aumentos al salario mínimo que hasta hace unos pocos años resultaban inconcebibles, el valor de la unidad de tiempo trabajada sube por doble partida, dignificando así el esfuerzo de los obreros de todos los sectores, desde el agrícola hasta el de cuello blanco, pasando por la actividad manufacturera del país.
La importancia de esta mejoría se entiende mejor cuando se contrasta con las cuatro décadas de demolición del poder adquisitivo de los salarios bajo el neoliberalismo.
Tampoco puede soslayarse que esta legislación, se haya logrado mediante un amplio consenso entre autoridades, partidos de oposición, empresas y asalariados, la misma forma en que se sacaron adelante la recuperación paulatina de los salarios, el aumento del periodo vacacional (2023), la reforma en materia de justicia laboral y democracia sindical (2019), la regulación del outsourcing (2021), la reforma al sistema de pensiones (2020) y la formalización de los trabajadores de aplicaciones de reparto y transporte.
Sin duda, cabe aplaudir que todos estos avances se concreten sin rupturas sociales, lo cual tiene mayor mérito con el telón de fondo de los grupos mediáticos y corporativos que desde hace siete años apuestan por azuzar el descarrilamiento del proyecto gubernamental.
Ahora queda a las autoridades, los trabajadores y sus representaciones gremiales vigilar que este marco legal se convierta en una práctica observada y de plena vigencia, pues las simulaciones no deben tener espacio cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de las mayorías.
