Rosario. Una protesta policial por mejores salarios y atención a la salud mental en la provincia argentina de Santa Fe terminó con familiares reprimidos por la propia fuerza de seguridad, efectivos sancionados y patrulleros fuera de servicio, en uno de los distritos más golpeados por el crimen organizado.

A media jornada de este martes, decenas de policías en moto, estacionados y con las sirenas encendidas, cortaron el tránsito frente a la sede de la jefatura de la fuerza de la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Los manifestantes llevaban carteles como “nuestras vidas importan”.

Decenas de efectivos, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada de ayer, cuando otro grupo de uniformados de su misma corporación buscó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos.

“Golpearon y tiraron gas pimienta a nuestra familia. Fueron nuestros propios compañeros”, denunció a la Afp una mujer policía, que pidió mantener su nombre bajo reserva por posibles sanciones.

“Después de que golpearon a las familias” muchos efectivos en la jefatura de Rosario decidieron detener sus actividades –prosiguió la mujer– y una veintena se negó a salir a patrullar la ciudad.

La protesta siguió con un sirenazo de patrulleros frente a la casa de gobierno, en la capital provincial.

“Investigamos posibles ilícitos penales de grupos marginales y desplazados de la policía, que no se resignan a que han perdido la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento”, resaltó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en conferencia de prensa.

El funcionario anunció la suspensión y el retiro del arma a 20 policías.

Después, entre los aplausos de familiares y allegados, los policías separados de la fuerza pública se presentaron vestidos de civil frente al cuartel y colocaron sus chalecos antibalas en el suelo.

El abogado Gabriel Sarla, ex policía de Santa Fe y uno de los participantes de la manifestación, explicó a la Afp que el reclamo de los agentes se da “ante la falta de respuesta en cuanto a la atención sicológica, a las horas sin descanso del personal y, sobre todo, a los salarios indignos que hacen que los uniformados estén rozando la pobreza”.

Con una tasa de homicidios de 5.7 cada 100 mil habitantes, Santa Fe lidera las estadísticas a escala nacional, aunque finalizó 2025 con el segundo registro más bajo desde 2014, según el Observatorio de Seguridad Pública provincial.