La reducción de sueldos de medio centenar de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), y su impacto en 277 trabajadores, a consecuencia del plan B, podría derivar en juicios laborales e implicaciones en la interpretación del estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, advirtió la dirección jurídica del órgano.

Los abogados del instituto subrayaron –en un documento de trabajo interno– que, aun cuando el amparo no es procedente en contra de reformas constitucionales, sí habría efectos en los procedimientos domésticos.

La reforma político electoral aprobada por el Senado –la semana entrante será puesta a consideración de la Cámara de Diputados para su revisión– representará ajustes al menos para 48 funcionarios del INE e impactos para casi 300, debido a una modificación tabular de altos mandos (La Jornada, 21/3/26).

Además, los 18 mil trabajadores del INE perderán seis seguros (gastos médicos, de vida y de separación individualizada, entre otros).

La reforma prevé, además, una revisión de normas administrativas y presupuestales para adecuarse a los cambios, lo cual, a criterio del área jurídica del INE, implica hacer frente a posibles controversias y a una mayor carga de trabajo por la atención a consultas del personal.

Procedimientos internos

“La eventual implementación de ajustes en materia de remuneraciones podría incidir en los procedimientos internos relacionados con la atención, sustanciación y resolución de los recursos de inconformidad, particularmente en aquellos casos en los que se controviertan actos administrativos vinculados con la aplicación de las nuevas disposiciones”, se indica en el documento de trabajo.

La Dirección de Servicios Legales del Instituto señaló que, al establecerse límites en las remuneraciones y prohibir determinadas prestaciones para personas servidoras públicas del INE, podría generarse un impacto directo en los derechos de carácter laboral y patrimonial previamente adquiridos o reconocidos bajo el régimen vigente.

En este contexto, añadió, es posible que se promuevan juicios de amparo por parte de las personas afectadas, en los que se alegue la posible vulneración a principios como la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica y los derechos adquiridos.

Por lo pronto, los especialistas del INE tienen en perspectiva, una vez que se confirme el plan B y entre en vigor, la revisión de distintas normas internas, incluidos estatutos y manuales, así como el análisis de ajustes presupuestales e interpretación de principios de eficiencia, austeridad y legalidad.

Otras áreas del INE coincidieron en que, con estos cambios, podrían perder a personal con experiencia e incluso advirtieron de un “posible debilitamiento” del Servicio Profesional Electoral Nacional.