La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) no aceptó la petición del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de retirar un promocional del PRI, al señalar que se trata de manifestaciones amparadas por la libertad de expresión e información en el contexto del debate político.

En el marco de las constantes pugnas entre el PRI y Movimiento Ciudadano, los consejeros y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) revisaron el contenido del promocional titulado Ruta del enriquecimiento, el cual –según el mandatario estatal– es un promocional calumnioso porque le imputa delitos de apropiación indebida de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, con el fin de afectar su reputación.

El mensaje del tricolor dice: “Ellos viven con privilegios y posan para la foto, mientras el estado se cae. Los naranjas te usan. Nuevo León, abre los ojos”.

También se analizó una queja presentada por Morena en contra del PRI por el promocional PRI Defensores, al señalar que en este se le imputan conductas delictivas.

Por unanimidad, en ambos casos, la comisión determinó improcedente el retiro de los materiales, por tratarse de contenidos de opinión de naturaleza política y de carácter genérico, como parte de un mensaje crítico en el contexto del debate político electoral.

En el promocional para difundirse en televisión se escucha la voz del presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien señala: “Hoy son un movimiento de delincuentes: nepotismo, joyas caras, mansiones, carros de lujo... Ahora son la mafia del poder”.

Subrayó que las expresiones denunciadas “desde una óptica preliminar y bajo la apariencia del buen derecho no implican la imputación directa de un delito o hecho falso, sino que se trata de la opinión crítica que realiza el partido denunciado respecto de diversos temas, lo cual está amparado por la libertad de expresión”.

La comisión desechó otra queja del gobernador de Nuevo León, también en contra del PRI, en la que alegaba afectaciones a “Mariana”; los abogados de la UTCE señalaron que el mandatario no tiene atribuciones para denunciar asuntos de terceras personas.