Jueves 2 de abril de 2026, p. 10
En México persisten violaciones graves a los derechos de las personas con discapacidad.
En un informe derivado de una visita al país en julio de 2024 y difundido este mes, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, advirtió lo anterior.
Agregó que pese a las reformas a diversas leyes, continúa la institucionalización sin consentimiento –en centros públicos y privados– de tratamientos forzados, que afectan particularmente a quienes tienen una condición intelectual y/o sicosocial diferente, están en situación de calle, a mujeres, niños y adultos mayores.
Destacó que la institucionalización expone a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes; incluso a tortura, abuso, violencia, explotación, separación familiar, abortos y esterilización forzada. Enfatizó que los daños que provoca son permanentes e irreparables.
Alertó también que la mayoría de estas violaciones “no han sido investigadas de manera independiente, efectiva ni imparcial”; no hay reparación en todos los casos y los perpetradores tampoco son sancionados, “por lo que prevalece la impunidad”.
Se estima que en el país hay por lo menos 9.5 millones de personas con discapacidad (7.3 por ciento de la población), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las cuales 53.4 por ciento son mujeres y 46.6 por ciento hombres. Más de la mitad tiene 60 años o más, mientras los niños representan 7.8 por ciento y los jóvenes 9.3 por ciento.
El comité de la ONU pidió al Estado mexicano instrumentar estrategias de desinstitucionalización, sustituir todo entorno que tenga estas características, como los hogares grupales, por servicios de apoyo a una vida independiente; y en el caso de los niños y adolescentes, a una vida en familia. “Los servicios generales deben estar disponibles y ser accesibles para todos”, subrayó.
Indicó que constató “la existencia de un marco legislativo, políticas y prácticas que permiten y perpetúan la institucionalización –con base en decisiones de terceros, incluidos familiares– que, intencionalmente o a través de sus efectos, atañen negativa y desproporcionadamente a las personas”, lo que constituye una violación sistemática de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Señaló que muchas instituciones privadas que no están registradas “operan de manera irregular y continúan internando a personas con discapacidad, bajo una supuesta necesidad de rehabilitación”.
Agregó que hay ausencia “de un sistema efectivo de apoyos para la vida independiente, incluyendo asistencia personal”.
Se refirió a los apoyos económicos que recibe esta población. Indicó que las asignaciones bimensuales derivadas de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente si bien favorecen protección social, presentan brechas como insuficiencia frente al costo de la canasta básica mensual, imposibilidad de cubrir los gastos adicionales asociados a la discapacidad y recepción a través de terceros, como autoridades de las instituciones o los familiares.
