A sabiendas de que la reforma constitucional que limita las llamadas pensiones doradas de ex servidores públicos no puede ser impugnada, un grupo de jubilados de empresas del Estado y de la banca de desarrollo anunció que seguirán interpondiendo amparos, pero “sobre los efectos” que ocasiona la enmienda, como la violación a sus derechos adquiridos y garantías fundamentales.

Los representantes de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro puntualizaron que presentarán demandas, realizarán protestas e incluso acudirán ante organismos internacionales, luego de que tres juzgados de distrito en materia administrativa negaran los primeros amparos.

“Jurídicamente, estamos haciendo lo que nuestros abogados recomiendan; seguiremos interponiendo amparos y cada despacho formulará su estrategia legal para documentar la violación del tope a las pensiones. No serán demandas colectivas, sino de manera individual. Hay diferentes estrategias legales y una de ellas no es ampararnos contra la reforma al artículo, sino el amparo indirecto sobre los efectos que ocasiona de la reforma”, aseguró Enrique M. Velázquez, integrante del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE.

Hoy harán una marcha

En conferencia de prensa, anunció la conformación de la Alianza Nacional de Jubilados y una de las primeras acciones que realizarán será una marcha hoy de la Estela de Luz al Senado de la República, en la que participarán representaciones de distintos estados del país para protestar contra el tope a las pensiones y exigir que no se aplique de manera retroactiva.

Sandra Romero, representante de personas jubiladas en Banobras, señaló que en la reciente quincena “ya se aplicaron los primeros descuentos” a las pensiones, con un tope mensual de 65 mil pesos, tanto a sindicalizados como personal de confianza.

Lo anterior, subrayó, a pesar de que no se han emitido las leyes secundarias que reglamentan la reforma al artículo 127 de la Constitución, la cual establece que ninguna pensión de ex servidores públicos de confianza podrá exceder 50 por ciento de las percepciones del titular de la Presidencia de la República, que equivale 67 mil pesos mensuales.