Viernes 17 de abril de 2026, p. 9
El nivel de confianza de la población mexicana en el Estado y en las fuerzas armadas es alto o moderadamente alto. No obstante, reprueban la integridad de los servidores públicos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al publicar la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap), el Inegi precisó que 56.3 por ciento de la población de 18 años y más refirió tener un nivel de confianza alto o moderadamente alto en las personas empleadas del gobierno federal.
En cuanto a los niveles de gobierno, 53 por ciento de la ciudadanía manifestó su confianza en el federal; 47.7 en el estatal y 47 por en el municipal o de las alcaldías.
La encuesta consultó a la ciudadanía sobre las instituciones encargadas de la seguridad pública, y mostró que tres de cada cuatro personas de 18 años y más tiene un nivel de confianza alto o moderadamente alto en las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Siguieron la Guardia Nacional, con 61 por ciento; policía estatal, con 46.9 y policía preventiva municipal, con 45.5.
La Encoap 2025, la cual se levantó entre septiembre y octubre de 2025, y cuyo propósito es informar sobre los niveles de confianza en instituciones públicas y algunos factores que la motivan, también evidenció que 50.7 por ciento de la población de 18 años y más tiene un nivel de confianza alto o moderadamente alto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las personas juzgadoras. Siguieron el Congreso de la Unión (diputados y senadores federales), con 41, y los congresos estatales, con 38.8.
Asimismo, el Inegi presentó la percepción de ocurrencia de posibles actos de corrupción en la prestación de servicios, donde 84.9 por ciento de la población consideró probable que un servidor público acepte una oferta de dinero por parte de un ciudadano o empresa.
En cuanto a posibles prácticas de corrupción a cambio de favores políticos, 82.4 por ciento reportó que es probable que las personas con cargos de representación acepten una oferta laboral en el sector privado cuando ésta implique otorgar un favor político.












