La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) allanó el camino para frenar a unos 55 magistrados federales que se mantenían indefinidamente en el cargo mediante suspensiones judiciales pese a haber concluido su periodo de 10 años sin ser ratificados por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con seis votos contra uno, el pleno revocó la medida que permitía al magistrado Avelino Carmelo Toscano Toscano seguir en el cargo –incluso como presidente de la sexta sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)–, aunque su periodo terminó en 2019 sin ratificación del Ejecutivo. Con ello, dejará el cargo mientras se resuelve su juicio de amparo.

El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo concluyó que los magistrados de salas regionales no tienen derecho automático a ser ratificados y que permitir su permanencia tras la negativa del Ejecutivo a un nuevo nombramiento afecta el orden público y el interés social, al impedir la renovación de las magistraturas conforme a los procedimientos constitucionales.

“Al cumplirse estos 10 años no hay necesidad de una declaración, juicio previo o acto administrativo especial para finalizar dicho mandato”, expuso el ponente al aclarar que su proyecto no prejuzga en el fondo del juicio.

Toscano Toscano fue nombrado el 14 de enero de 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón para un periodo de 10 años. Aunque el presidente del TFJA propuso su ratificación en 2018, fue hasta 2024 cuando el entonces presidente López Obrador formalizó, mediante comunicado, su decisión de no designarlo de nuevo. En desacuerdo, el afectado promovió amparos que le permitieron seguir en funciones, incluida una suspensión concedida en enero de 2025 con el argumento de que debía ser evaluado mediante resolución fundada y que su permanencia no afectaba el interés social.

Único respaldo

La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue la única que respaldó la suspensión a favor del magistrado, al considerar que cuenta con trayectoria desde 1997 y evaluaciones favorables, su permanencia protege la independencia judicial y no recibió negativa debidamente fundada del Ejecutivo federal para ser ratificado.

“Las personas juzgadoras no nacen, sino se hacen con años de servicio en el cargo. Si el legislador instituyó un procedimiento de evaluación, esto significa que quiso tomar en cuenta la experiencia acumulada de los magistrados salientes antes de designar a otra persona aspirante en el cargo”, señaló.

Empero, Lenia Batres expuso que la designación en el TFJA es facultad discrecional del Ejecutivo federal con ratificación del Senado y, una vez vencido el periodo, no existe obligación de relección ni de tramitar “ratificación” automática.

“Para ilustrar la problemática de invasión de competencias constitucionales que se ha visto en este caso, 55 personas magistradas cuyos nombramientos culminaban entre 2018 y 2025 presentaron juicios de amparo indirecto a efecto de mantenerse en el cargo, aun cuando no formaron parte de las propuestas de la Presidencia de la República para hacerlo, usurpando una facultad de ese poder”, resaltó la ministra.