a madrugada del viernes, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ingresaron a un inmueble en el número 813 de avenida Revolución y hallaron el cuerpo de Edith Guadalupe Valdés, quien se encontraba desaparecida desde el miércoles. En un comunicado, la FGJ aseveró haber activado de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes desde que tuvo conocimiento de la desaparición de la joven el jueves 16. Sin embargo, esa versión institucional se vio desmentida por los familiares de la víctima, quienes denunciaron negligencia y extorsión por parte de los funcionarios encargados de abrir el expediente, quienes les habrían exigido dinero para iniciar las indagatorias. De hecho, fue la familia de Edith Guadalupe la que reconstruyó su último itinerario, localizó la dirección en la colonia Santa María Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez a donde la joven ingresó para una presunta entrevista de trabajo e incluso intentó ingresar al edificio después de perder contacto con ella.
Esta cadena de acontecimientos ha desatado una justa indignación entre la sociedad capitalina y nacional, convencida de que la tragedia pudo haberse evitado si los funcionarios de la fiscalía hubiesen cumplido con su trabajo. Aunque todavía no es posible determinar si una respuesta inmediata en el momento de la denuncia de desaparición habría salvado la vida de Edith Guadalupe, el hecho irrebatible es que la conducta de la dependencia puso al descubierto las capas de ineptitud, corrupción, indolencia, falta de vocación, sadismo –pues resulta sádico extorsionar a quienes sufren la sustracción de un ser querido– y, en suma, la extrema disfuncionalidad que permea a las fiscalías del país. Todo ciudadano que haya requerido de un agente del Ministerio Público sabe que es prácticamente imposible dar cauce a un expediente sin aceitar los mecanismos de la corrupción, sea entregando sobornos o recurriendo al tráfico de influencias, para quienes tienen la fortuna de relacionarse con personajes encumbrados.
Asimismo, es inevitable contrastar esta realidad con el enorme esfuerzo puesto en marcha por la actual administración federal y su antecesora para sanear el Poder Judicial, históricamente aquejado de los males que padecen las fiscalías y de muchos otros. Aunque está claro que la limpieza de la Judicatura está lejos de haber concluido y que siempre habrá jueces aferrados al régimen de privilegios y abuso de poder, es innegable el avance que supone la democratización de la carrera judicial y el remplazo del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial. El caso de Edith Guadalupe ha traído al primer plano del debate público un asunto evidente: el derecho a la justicia será inalcanzable o severamente deficiente mientras el aparato de impartición –el Poder Judicial– no sea acompañado por un sistema de procuración –las fiscalías– íntegro, entregado a su labor y consciente de que trabaja para todos los habitantes del país, no sólo para sus allegados y los sectores pudientes.
En este sentido, debe recordarse que la FGJ, como sus pares federal y estatales, gozan de una autonomía constitucional que impide a los gobernantes intervenirlas de manera directa cuando se hallan en falta. Nadie cuestiona la necesaria separación entre gobiernos y ministerios públicos, pero es lamentable que la autonomía se use para proteger a funcionarios cuestionables y obstaculizar la rendición de cuentas. Para despejar toda sospecha de encubrimiento, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, debe actuar de manera expedita y diligente en la remoción y la eventual sanción de toda persona involucrada en retrasar la búsqueda de Edith Guadalupe Valdés.
