La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, señaló que “en la actualidad no hay una práctica generalizada de desaparición forzada”, ello a pocos días de que México reciba al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se analice el contenido del informe del Comité contra la Desaparición Forzada.

Durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030, sostuvo que en el ámbito de personas desaparecidas: “no tenemos nada que esconder, al revés, tenemos mucho que mostrar en lo que se ha realizado en este gobierno. En los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La funcionaria añadió que “el gobierno de México está atendiendo de manera puntual este fenómeno a través de la estrategia nacional de búsqueda de personas, con algunas acciones muy concretas e importantes, como la puesta en marcha de la alerta nacional de búsqueda, obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición y la creación de la base nacional de carpetas de investigación.”

También mencionó otras acciones para combatir este delito como la plataforma única de identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de datos forenses, el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la contratación de especialistas y mucha adquisición de equipamiento especializado.

Fiscalía abierta a la crítica o propuesta

Ante funcionarios y representantes de los tres poderes de la unión, expresó que la dependencia está abierta “a escuchar de manera atenta cualquier crítica, propuesta, sin importar quién nos las presente o quién nos las proponga”.

A los fiscales del país les informó que como miembros de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la próxima semana sostendrán una reunión de trabajo con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para tratar el tema de personas desaparecidas.

Finalmente, Godoy Ramos expresó que la investigación y procuración de Justicia en caso de desaparición de personas es una prioridad del Estado mexicano y su atención exige acciones firmes, ordenadas y sostenidas en el tiempo.