Mineápolis. Restaurantes del conservador estado de Texas están en crisis debido a la campaña de deportaciones del gobierno de Donald Trump y piden una reforma migratoria; el mes pasado crearon Seat the Table, una coalición que busca facilitar permisos de trabajo para contratar inmigrantes en la industria de alimentos y agricultura, informó The Independent.

“Creo que la gran mayoría de los estadunidenses reconoce que hay un amplio grupo de inmigrantes indocumentados que, literalmente, han mantenido la comida en nuestras mesas”, declaró Kelsey Erickson Streufert, directora de asuntos públicos de la Asociación de Restaurantes de Texas, a The New York Times. “Si expulsamos a esas personas, todos vamos a sentir el impacto en forma de precios más altos”, añadió.

Empresarios y sindicatos coinciden en que la política migratoria actual ha generado temor en todo el sector, e incluso empleados con estatus legal evitan acudir a sus puestos por miedo a ser detenidos.

“Hemos organizado turnos para vigilar nuestros locales día y noche”, contó de forma anónima el dueño de un restaurante en Mineápolis.

“Reubicamos a empleados en zonas más seguras, les conseguimos alojamiento y completamos documentos legales para cuidar a sus hijos en caso de que sean detenidos. La pareja de uno de nuestros trabajadores fue deportada y ahora también estamos ayudando a cuidar a su bebé. Es peor de lo que se ve en las noticias”, afirmó.

La campaña de deportaciones impulsada por Trump ha golpeado con especial fuerza a sectores como la agricultura, la construcción y la restauración, caracterizados por márgenes estrechos y una alta dependencia de mano de obra inmigrante.

Hasta ahora, el gobierno ha mostrado mayor disposición a flexibilizar condiciones en el sector agrícola, que históricamente ha tenido dificultades para atraer trabajadores locales y depende en gran medida de mano de obra extranjera, ya sea temporal o indocumentada.

En ese contexto, la administración amplió el acceso a visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales, una medida que ha beneficiado al sector. Según algunas estimaciones, casi la mitad de su fuerza laboral está compuesta por personas sin estatus migratorio regular.

Aun así, las autoridades reconocen el impacto de las restricciones. El Departamento del Trabajo advirtió el año pasado que la drástica reducción de la inmigración irregular, sumada a la falta de trabajadores legales disponibles, está generando fuertes tensiones en los costos de producción y podría afectar tanto la estabilidad del suministro de alimentos como los precios para los consumidores.

El organismo también señaló que un mayor endurecimiento de las políticas migratorias, en el marco de la “megaley fiscal”, podría dejar fuera del sistema a unos 225 mil trabajadores agrícolas adicionales.