El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 presentado al Senado por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, propone resolver la saturación existente “debido al trámite masivo de casos que impide dar atención especializada a las investigaciones de delitos de mayor impacto en la población, a lo que se suma que el juicio oral se usa como excepción y se enfrenta una brecha en la confianza ciudadana”.

Esta última se manifiesta en que más de 50 por ciento de la población considera que hay corrupción en la FGR, además de que se percibe el desempeño de esa institución como ineficiente.

El diagnóstico “no es cómodo, pero sí honesto”, recalca Godoy en el documento, en el que propone respuestas concretas y medibles ante esos problemas concretos, que incluyen el porcentaje mínimo de investigaciones que llegan a sentencia.

La fiscal Godoy hace notar que “no es un dato menor que seis de cada 10 ciudadanos perciban corrupción en la FGR”, y por ello la reducción de esa cifra es parte toral de ese plan estratégico para los próximos tres años, que permita también revertir el descenso de la confianza en la institución.

La polarización en torno a la evaluación del desempeño de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, “con Marina y el Ejército por encima de 84 por ciento, frente a 60.8 por ciento de la FGR y 42 por ciento de la policía de tránsito”, implica que las mejoras serán reconocidas por la ciudadanía “si son consistentes y medibles”.

Gestión diferenciada contra la saturación

Se pondrá en marcha “un programa de integridad y cero tolerancia”, así como la gestión diferenciada frente a la saturación, para priorizar y dirigir recursos hacia los delitos de desaparición forzada, extorsión y otros de la delincuencia organizada, que compiten ahora por recursos. Se avanzará en un modelo nuevo de investigación e inteligencia frente al desequilibrio procesal.

Durante 2025, precisa el documento, se abrieron 136 mil 256 carpetas de investigación, de las cuales se judicializaron 22 mil 54, que representan 16.8 por ciento. Se vinculó a proceso a 18 mil 774 personas y se sentenció a 13 mil 44. Es decir, del total de carpetas de investigación en trámite, sólo 7.14 por ciento concluyen en sentencias.

Aunado a ello, 94.6 por ciento de sentencias condenatorias se obtuvieron mediante procedimiento abreviado, lo que implica desequilibrio con los juicios orales, que se debe revertir.

El hecho de que siete entidades –Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, estado de México, Sonora, Tamaulipas y Michoacán– concentren más de la mitad de las 471 carpetas de investigación abiertas por delincuencia organizada, “es señal clara de dónde están las estructuras criminales más activas y, por tanto, donde la respuesta institucional necesita mayor profundidad”.

Por eso, “la estrategia no puede seguir operando caso por caso: tiene que articularse por medio de las Unidades de Fusión Operativa del Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia, con planes obligatorios que apunten, desde el inicio, a desarticular organizaciones criminales completas, no sólo a resolver expedientes aislados”.

Enfoque de género

El plan propone justicia con enfoque de género y contra los feminicidios plantea que la FGR ejercerá de manera inmediata su facultad de atracción “ante casos que evidencien patrones de macrocriminalidad, la intervención de la delincuencia organizada o cuando en coordinación con las autoridades locales así se decida”. Se precisa que “toda carpeta de investigación por muerte violenta de una mujer se iniciará inexcusablemente bajo el protocolo de feminicidio”.

El plan se articula en 10 ejes que buscan transformar la operación de la FGR, comenzando por su restructuración, para eliminar burocracias. Además, parte de su articulación con fiscalías estatales, con el gabinete de seguridad y de consolidar el Sistema Informático Nacional Interoperable, con información de bases y bancos de datos disponibles, así como “esquemas vinculantes de coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, toda vez que ésta será el eje de la persecución penal”.