s un contrasentido, no sólo en términos de impactos medioambientales, sino también de soberanía jurídica, el abrir la fracturación hidráulica (mejor conocida como fracking) a proyectos público-privados. El uso de “nuevas tecnologías”, obviamente de empresas extranjeras, para fortalecer la “soberanía energética” resulta un oxímoron.

Hay que tener en cuenta que el T-MEC (capítulo 14 de inversiones, anexos D y E) somete a México a demandas por parte de empresas estadunidenses del sector de hidrocarburos (petróleo y gas). Con cualquier concesión o contrato para operar plataformas de perforación, el gobierno de México quedaría expuesto a más demandas, además de las más de 20 pendientes por miles de millones de dólares que ya tiene.

El sector de combustibles fósiles es el que más utiliza a nivel global el sistema de arbitraje inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). Hasta ahora se han interpuesto 93 demandas por parte de empresas extractivas de petróleo y de gas en tribunales supranacionales; mayoritariamente en el CIADI del Banco Mundial. Además, en el sector terciario (de servicios) se han interpuesto 255 demandas por parte de empresas de electricidad, de gas, vapor y aire acondicionad, según el UNCTAD Investment Policy Hub.

El hacer cumplir los supuestos de que las “nuevas tecnologías” no tengan impactos adversos podría ameritar demandas si se afectan las ganancias esperadas de las empresas. Aunque se pretenda que las “nuevas tecnologías” puedan reducir los impactos adversos del fracking, científicos, expertos en salud y organizaciones ambientalistas sostienen que estas innovaciones suelen ser una forma de “lavado verde”, que no aborda los riesgos fundamentales. Greenpeace sentencia: “Las nuevas tecnologías están haciendo que el fracking sea más peligroso, más rentable y más atractivo para las empresas de combustibles fósiles, pero no por ello menos perjudicial para el medio ambiente y la salud humana”. (trad.propia, ver informe https://tinyurl.com/3fe2ef5k).

Muchas veces los fluidos etiquetados como “ecológicos” que se han analizado hasta la fecha no son menos nocivos que los convencionales, ya que presentan un potencial genotóxico similar ( Science Direct https://tinyurl.com/mvtm9npp). Expertos de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yale señalan que faltan datos sobre la toxicidad de 65 por ciento de las sustancias químicas utilizadas en el proceso, lo que significa que las afirmaciones de que son “más ecológicas” podrían ser resultado de investigaciones insuficientes.

También advierten que tienen impactos diferenciados socialmente. Según los expertos de Yale, “varios estudios han señalado una relación entre la proximidad residencial a estas actividades y un aumento de los resultados adversos en el embarazo, la incidencia de cáncer, las hospitalizaciones y el asma. Algunas actividades relacionadas con el fracking se han ubicado cerca de comunidades con menos recursos, lo que agrava su carga acumulada de injusticias ambientales y sociales” (Trad. propia https://tinyurl.com/9w43378c).

El fracking incluso provoca temblores; en Estados Uni-dos se identifica al estado de Oklahoma como el más afectado, donde el número de temblores de magnitud mayor a 3.0 ha pasado de un promedio de menos de cinco al año (antes del fracking) a unos 40 al año. En efecto, científicos han concluido que la inyección de aguas residuales del petró-leo y el gas puede reducir la fricción natural que mantiene las fallas sísmicas en su sitio y desencadenar terremotos (ver reporte: https://earthworks.org/issues/fracking-earthquakes/).

Imposible describir y enu-merar aquí la cantidad de estudios sobre los impactos del fracking, con todo y sus “nue-vas tecnologías”.

Pero lo más alarmante, desde mi punto de vista, es que en un futuro todo intento gubernamental por remediar, mitigar o regular ante impactos ambientales se verá enfrentado al arbitraje supranacional. Un ejemplo de cómo empresas de combustibles fósiles recurren con frecuencia al mecanismo ISDS para desafiar, con demandas de miles de millones de dólares, regulaciones medioambientales, es el de la empresa estadunidense Lone Pine Resources en contra de Canadá por 108 millones de dólares en el marco del TLCAN. La demanda fue interpuesta cuando la provincia de Quebec revocó permisos para el fracking en el Rio Saint Lawrence. Al final, el tribunal favoreció al Estado, y el caso provocó que Canadá se terminara de retirar del arbitraje supranacional en el T-MEC (ver amicus curiae del Centro de Políticas para Desarrollo Global de la Universidad de Boston https://tinyurl.com/39vft4c8).

El Tratado de la Carta de la Energía, que tiene más de 50 países miembros, también está en crisis, pues inversionistas han recurrido de manera desmedida a sus mecanismos de solución de disputas (ISDS) para impugnar decisiones gubernamentales sobre normativas relativas al fracking. Muchos países europeos se han retirado o han anunciado su retiro (https://tinyurl.com/yc78ryje).

Es momento de analizar con profundidad los motivos, métodos e historial de las grandes corporaciones que tienen la tecnología necesaria para el fracking. Schlumberger (SLB) es la empresa con mayores ingresos a nivel global en este sector y con una sólida infraestructura en México (https://tinyurl.com/ym3cwsfu); Baker Hughes y Halliburton son otras firmas que dominan la tecnología del fracking y que mantienen operaciones en México. Estas son empresas que saben bien cómo aprovecharse del sistema ISDS (profundizaré en una próxima entrega).

Aunque no se trate de “entregar los recursos”, invitar a empresas transnacionales a ser parte del negocio en México implica ya serias consideraciones en materia de soberanía. La búsqueda de “soberanía energética” no debe ser a costa de la verdadera soberanía nacional ni de sacrificar la búsqueda de alternativas de fuentes de energía.

Mientras el gobierno de México no se plantee el cancelar el régimen de ISDS que opera en su contra, lo único que hace es invitar a empresas depredadoras a venir al país y a continuar poniéndole grilletes para la regulación ambiental y el bienestar público.

* Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)